¿Qué es el Observatorio Nacional Sobre Detenciones Arbitrarias?

El Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias (DA) se plantea como una plataforma para recabar información, visibilizarla e incidir colectivamente para erradicar esta práctica que pone en riesgo la garantía de derechos como la seguridad, el uso del espacio público, el acceso a la justicia y la igualdad.
en México

Las detenciones arbitrarias

suceden en un contexto de violencia generalizada donde esta práctica se vuelve cotidiana entre las autoridades de seguridad pública o fuerzas castrenses.

Las personas que defienden derechos humanos también se encuentran en riesgo de vivir una DA, como parte de los mecanismos de represión para minimizar su trabajo, igual que las personas al ocupar el espacio público para manifestarse.

Así como las que se desplazan forzosamente o migran de manera irregular. Ocurren de manera recurrente sobre personas jóvenes, favoreciendo a la criminalización de las juventudes, justificando dinámicas de control sobre esta población y aumentando la precarización de aquellas en condiciones de exclusión, discriminación o pobreza.

El problema tiene efectos en las víctimas, sus familias y las comunidades donde ocurre con regularidad; favorece a la desconfianza social en las instituciones de Seguridad Pública, de Justicia y representantes de los gobiernos; además desvincula a las personas de sus prácticas identitarias en el entorno.

La existencia de DA cuestiona cuál es la finalidad del sistema de seguridad pública, visibiliza las deficiencias para la articulación entre policías, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las instituciones encargadas de transversalizar las perspectivas de Derechos Humanos (DDHH), Juventudes y Género para favorecer la inclusión de todas las personas.

Ante este escenario es que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y colectivos que conformamos el ONDA nos pronunciamos para señalar que

“ningún contexto de guerra, combate a la violencia o política de seguridad justifica la violación a los derechos humanos”.

Es necesario

Denunciar y erradicar las DA

pues desde hace 11 años, se modificó el paradigma de seguridad y justicia en el país. El modelo anterior, inquisitivo, concebía la aplicación de la ley para la disminución de la incidencia delictiva con el combate al delito y la reclusión de personas, pero con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) se privilegia la instalación de capacidades de investigación ante delitos para evitar abusos de autoridad y se asume que la seguridad pública no puede limitar, restringir, vulnerar DDHH o proceder arbitrariamente, bajo pretexto de garantizar la seguridad. Ahora se favorece la libertad del individuo, se emplean las medidas cautelares bajo los principios de inocencia, objetividad y defensa integral.

Pese a estos cambios, las DA no cesan y por eso se vuelve significativo:

Construir un espacio
de recopilación, análisis, intercambio y difusión de información entre distintos actores (instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y colectivos) en torno a las DA, como un recurso para la incidencia en las políticas públicas que garanticen los DDHH de las personas jóvenes.

Y ello implica:

Construir alianzas
Entre actores estratégicos que trabajen e incidan en temáticas de juventudes, derechos y/o seguridad.
Construir una agenda
Entre la red de organizaciones, en favor de la defensa y promoción de los DDHH de las personas, entre ellas las juventudes.
Facilitar la articulación
Entre OSC para acompañarnos en nuestros procesos de fortalecimiento e impulso a las acciones que favorezcan la protección a las personas defensoras de DDHH.

Ocho organizaciones conformamos el ONDA

por Gente Diversa A.C. de Mexicali, Baja California, que trabaja en la construcción de ciudadanía y fortalecimiento de liderazgos de las mujeres en la política, uno de los modelos que ha implementado es “Ciudades Seguras para las Mujeres y Ellas Arriba”; y el Centro de Investigaciones y Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud A.C. (CIDeSES) y la Red Tira Paro de Chihuahua, que brindan atención integral a jóvenes en situación de riesgo en la zona suroriente de Cd. Juárez, promoviendo y defendiendo sus derechos, para incidir en la consolidación de una cultura de legalidad, la promoción de la participación ciudadana, el fomento de una cultura cívica, la preservación del orden, y la cohesión social para la prevención del delito.

se encuentra Renace, Capítulo San Luis, que facilita el acceso a la justicia a víctimas y acusados, la reinserción social integral, así como la evaluación y monitoreo del sistema de justicia penal vigente en nuestra entidad y nuestro país; y Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) que pone al centro de su trabajo a las personas jóvenes y la sociedad civil, para promover el ejercicio de la ciudadanía activa, a través de la formación de capacidades ciudadanas, incidencia en políticas públicas, contraloría social e investigación.

se suma Asistencia Legal A.C. (AsiLegal) dedicada a visibilizar, fortalecer y acompañar a personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad, con la misión de contribuir al acceso a la justicia, particularmente de mujeres, personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas y de la población LGBTTTI, con enfoque de derechos humanos, género, interseccionalidad, progresividad e interculturalidad.

se une Acciona, Transformando Caminos para Ser y Hacer, A.C., que realiza actividades con personas jóvenes no escolarizadas, de contextos rurales y en conflictos con la ley; y el Colectivo Algaraza, que trabaja con población en conflicto con la ley e incluye a jóvenes reintegrados como miembros activos del colectivo, quiénes imparten talleres y facilitan procesos comunitarios.

En colaboración buscamos incidir para abonar a políticas de seguridad situadas a las necesidades de las comunidades, pues el espacio público no puede ser más un territorio donde ocurran violaciones a derechos humanos.

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