Abordan en Tijuana detenciones arbitrarias de varios estados de México
El observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias en México, abordó en Tijuana detalles de hallazgos encontrados en el proceso de elaboración de un diagnóstico nacional.
En conferencia, la directora de Gente Diversa, Rebeca Maltos, indicó que las detenciones arbitrarias están sustentadas en prejuicios, estigmas y estereotipos que giran alrededor de ciertas identidades y comportamientos juveniles cuando ocupan un espacio público.
Agregó que las autoridades justifican con “realizar revisiones de rutina”, a personas “sospechosas” o con “actitud sospechosa”, como parte de operativos de vigilancia y de prevención del delito, situación que ha transformado la vida cotidiana de las y los jóvenes, que terminan cediendo el espacio público para evitar conflictos con las autoridades
Maltos indicó que en Baja California se recibieron 292 quejas durante el 2018 por detenciones arbitrarias, que, siguiendo la línea de casi nula investigación de los delitos, debido a que la gran mayoría de las detenciones que se realizaron en el estado son en flagrancia (98.8 por ciento de acuerdo con datos de la PGJE BC).
Manifestó que, del 2013 a la fecha, la CEDH de Baja California dictó treinta y cuatro recomendaciones por Detención Arbitraria o Retención Ilegal, que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) del estado, es la autoridad que cuenta con un mayor número de recomendaciones.
La integrante del Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias, Sofía Córdova, señaló que, en Chihuahua, recibieron 176 quejas durante el 2018, siendo los policías municipales estatales los que mayormente cometen este tipo de violación a los derechos humanos.
Mencionó que los municipios de Chihuahua y Juárez son los municipios donde se presentaron el mayor número de quejas por detenciones ilegales e injustificadas, que, de mayo a septiembre del presente año, la Defensoría Juvenil recibió 60 quejas por detenciones arbitrarias, que los principales motivos de las detenciones fueron sospecha e incriminación, que la autoridad señalada fue la policía municipal.
Señaló que en San Luis Potosí la Encuesta Nacional de Población arrojó que, en 2016, el 29.9 por ciento de las personas privadas de su libertad fueron sustraídas de un lugar privado, sin orden de detención de por medio, son un porcentaje mayor al nacional.
Agregó que el análisis de la política pública de seguridad del estado de San Luis Potosí, señaló que las principales acciones de prevención, al menos para el tema de prevención de delito dejan de lado a la población joven no escolarizada o que no trabaja en un empleo formal, que esto coloca en mayor vulnerabilidad a esa población.
Córdova añadió que, en Jalisco, el sistema nacional de alerta de violación a derechos humanos en 2019, colocó a las detenciones arbitrarias como la principal violación de derechos humanos en ese estado.
Comentó que en Veracruz las detenciones arbitrarias son el principal hecho violatorio a derechos humanos en materia de seguridad pública, que en Morelos durante el sexenio de 2013-2018 se detuvieron a 194,119 personas por haber comedido faltas administrativas y delitos en ese estado.
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