Seguridad pública sin la mirada de las juventudes

En los últimos años, la política de seguridad pública (PSP)ha hecho énfasis en el combate al crimen organizado, así como en la prevención del delito y la disminución de las conductas consideradas antisociales. Según datos de la ENVIPE 2019, durante el año pasado,3 de cada 10 hogares del país tuvo al menos una víctima del delito, señalando que “la incidencia delictiva es mayor en los hombres para la mayoría de los delitos [del fuero común y federal]”. Además del género, es necesario reconocer otras condiciones que complementen un análisis interseccional de los datos, tal es el caso de la edad

Por ejemplo,el Programa Estatal de Seguridad Ciudadana 2017-2018 para el estado de Veracruz, señala que “el mayor número de víctimas [del delito] se encuentra en la población de jóvenes entre 20 y 29 años”, sin embargo, dicho programa observa a las personas jóvenes como principales responsables de las conductas antisociales y no como víctimas del delito, dato que haría relevante pensar a la PSP desde la Perspectiva de Juventudes (PJ).

Colocar una PJ en el diseño, implementación y evaluación de la PSP, visibilizaría que no se trata de “la juventud”como grupo homogéneo, sino de “las juventudes”, donde sus necesidades y situaciones nopueden ser resueltas o atendidas con una sola acción de incidencia, como ocurre con la prevención del delito a través de la promoción del deporte.

Desde hace más de 7 años, organizaciones civiles, colectivos juveniles, y personas defensoras que pugnan por el reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las personas jóvenes, han exigido al Estado mexicano la adopción de la PJ en el actuar de las instituciones gubernamentales. Para ello, se han llevado a cabo cambios legislativos en las diferentes entidades de la República. Por ejemplo: La Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos (2015),en su artículo 4 señala que las políticas públicas deberán realizarse “con” y “desde” las juventudes.

Las leyes en materia de juventudes buscan que se piense a las PSP “con” la participación de las personas jóvenes “desde” su reconocimiento como sujetas de derechos y claves para los procesos transformadores.A pesar de que a nivel local, éstas leyes han ganado terreno, la articulación entre las PSP y las de juventudes no ha ocurrido.

Durante el trabajo de campo para el Diagnóstico Nacional sobre las Detenciones Arbitrarias a Personas Jóvenes que coordina Educación y Ciudadanía A.C., se pudo identificar una tendencia presente en los estados de Jalisco, Morelos, San Luis Potosí y Veracruz, la realización de “revisiones de rutina” como forma de prevenir posibles delitos en el espacio público, sin embargo, éstas parten de prejuicios, estigmas y estereotipos alrededor de los hombres jóvenes, morenos y de clase baja que les criminalizan al ser colocados-percibidos como posibles delincuentes.

Esta tendencia ocurre a pesar de que el Programa Nacional de Juventud (PROJUVENTUD) 2014-2018 señaló en su línea de acción “2.6.3 Impulsar estrategias centradas en la seguridad ciudadana y la prevención del delito sobre estrategias punitivas y de criminalización hacia la población juvenil”; es decir, que las acciones de prevención del delito deben ser pensadas desde la seguridad ciudadana, lo cual incluye a las personas jóvenes, y se deben definir las acciones de prevención del delito desde sus necesidades y contextos, para que la acción punitiva sea la última opción. Mientras esto no ocurra, la criminalización de las identidades juveniles seguirá siendo tomada como una medida para la prevención del delito.

En conclusión, la ausencia de la PJ en la PSP y la falta de articulación de ésta con las políticas de juventud, persisten a pesar de que existan leyes que la impulsan. Esta ausencia mantiene abierta la ventana a la criminalización de las personas jóvenes, y las sostiene como vulnerables ante la inseguridad provocada por el crimen organizado.

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